La Guía Cundinamarca

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2019-10-08

‘Si hay cárcel, hay justicia’

Como consecuencia de los altos niveles de impunidad, muchos colombianos piensan que la justicia solo opera cuando mete a alguien a la cárcel. Esta tesis nos está llevando al absurdo de que la detención preventiva haya dejado de ser un mecanismo excepcional y sea ahora un riesgoso indicador de eficiencia de la Fiscalía, que parece estar creyendo que mientras más gente ponga presa, mejor es su desempeño. Además de irracional, desde el punto de vista jurídico, lo que está pasando nos está resultando muy costoso, económicamente hablando. Así lo estableció en una reciente columna el exministro Yesid Reyes, quien recordó que hay por lo menos 15.000 demandas contra el Estado por carcelazos chimbos, que pueden valerle al país varios billones de pesos

Que los ciudadanos crean que sin cárcel no hay justicia es una cosa, pero que las autoridades judiciales hayan caído en esa dinámica para complacer a la galería resulta preocupante y peligroso.

El caso puntual de la excongresista Aida Merlano ilustra bien lo que está ocurriendo. Como no pueden recapturar rápidamente a la señora Merlano ni explicar la sucesión de estupideces que permitieron su fuga, corren a meter a la cárcel a la hija para demostrar que no están quietos. Como no logran acelerar los procesos de los interesados en que Merlano no aparezca –porque son demasiado poderosos para tocarlos–, entonces solicitan la captura de un par de odontólogos para demostrar resultados, no importa si alguno de ellos tuvo o no una participación activa en la fuga; lo verdaderamente importante es que alguien sea llevado al búnker con las manos esposadas, en un operativo rodeado de cámaras que transmiten dichas imágenes por las redes en tiempo real.

El reto de la educación jurídica se vuelve más necesario que nunca en un país hiperjuridizado en el que casi todo se plantea en términos litigiosos

Sin embargo, pocos penalistas consideran proporcional la medida contra la hija de Merlano, y, aunque un juez de garantías haya dado de primerazo su ‘bendición’ a la captura, es posible que si apelan esta detención, la solicitud prospere o que, más adelante en el proceso, el débil andamiaje empleado para sostener esta causa acabe cayéndose porque parece más una medida de presión a la madre que una acusación objetiva y fundamentada a la hija.

En medio de esta lógica de los carcelazos porque sí, los jueces –particularmente los de garantías en el sistema penal acusatorio que nos rige– están llevando del bulto. Si no legalizan una captura porque está mal hecha o si abiertamente la cuestionan por la incompetencia de la Fiscalía a la hora de sustentar una detención preventiva, la gente, en todo caso, les echaría el agua sucia, y se adelantaría un linchamiento mediático que no admite razones ni argumentos. Pocos interrogarían el papel del fiscal que no hizo bien la tarea, sino que le pedirían explicaciones al juez que, habiéndola hecho correctamente, plantea determinaciones impopulares pero ajustadas a derecho y toma la decisión de dejar en libertad al procesado.

Por eso, el reto de la educación jurídica se vuelve más necesario que nunca en un país hiperjuridizado en el que casi todo se plantea en términos litigiosos y en donde la cárcel parece la única sanción posible y deseable para los que la opinión pública estima culpables. Abogados, jueces y medios de comunicación tendríamos que hacer un esfuerzo por explicar mejor estas cosas y comenzar a entender que también se administra justicia cuando se respetan las más mínimas garantías procesales, cuando la duda se interpreta a favor del procesado o cuando se profieren decisiones absolutorias. No solo la cárcel –y menos la cárcel sin condena previa– es la respuesta para los males de impunidad que nos aquejan. Se necesitan una visión más amplia y la comprensión de los ciudadanos sobre esta compleja realidad.


Fuente: José Manuel Acevedo

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