El convenio supera los $6.128 millones y contempla estudios y diseños para un Centro Especial de Reclusión. La ubicación aún no está identificada en los documentos públicos consultados.
La Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca y la Gobernación de Cundinamarca avanzan en la estructuración de un Centro Especial de Reclusión con capacidad para 508 personas sindicadas. El convenio firmado por las entidades asciende a $6.128 millones y está destinado a financiar los estudios y diseños del proyecto; sin embargo, todavía no se conoce públicamente cuál sería el terreno seleccionado para su construcción.
Un convenio que contempla estudios y diseños
El acuerdo interadministrativo RM-CD-207-2026 fue firmado el 8 de octubre de 2026 y cuenta con un plazo de ejecución de 22 meses, según la documentación contractual aportada para esta investigación. Su propósito es coordinar las acciones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras necesarias para desarrollar los estudios de factibilidad y los diseños del Centro Especial de Reclusión, además de contratar la interventoría correspondiente. El valor total del convenio es de $6.128.091.294. De esta suma, la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca aporta $5.500 millones, mientras que el Departamento de Cundinamarca contribuye con $628.091.294 en especie, representados en un equipo interdisciplinario de cinco profesionales que acompañará los procesos necesarios para desarrollar la consultoría.
La iniciativa se encuentra en una etapa previa a la construcción. Los documentos técnicos estiman que la ejecución de la obra podría costar alrededor de $20.000 millones, una inversión diferente de los recursos destinados al convenio actual. Por esta razón, la definición del terreno y los resultados de los estudios serán determinantes para establecer las condiciones técnicas y de viabilidad del proyecto.
La ubicación continúa sin ser pública
Uno de los aspectos pendientes es la identificación del predio donde funcionaría el centro de reclusión. De acuerdo con el comunicado y los documentos revisados, se contemplaría la evaluación de ocho terrenos para determinar cuál reúne las condiciones requeridas. La selección del predio recomendado estaría prevista antes de finalizar diciembre de 2026, aunque la documentación consultada no permite establecer cuáles son los terrenos incluidos en el análisis ni confirmar que alguno haya sido escogido.
Esta falta de información ha motivado solicitudes para que las entidades responsables publiquen la relación de los predios evaluados, junto con su ubicación, titularidad y estado de los estudios. La divulgación de estos datos permitiría conocer los criterios utilizados para comparar las alternativas y hacer seguimiento a las decisiones que se adopten durante la estructuración del proyecto.
Diferencias sobre los predios de la Beneficencia
Otro punto que requiere aclaración es la información relacionada con los terrenos de la Beneficencia de Cundinamarca. Según el comunicado recibido, una ficha técnica del proyecto señala que la Secretaría de Gobierno y la Beneficencia cuentan con nueve predios propios sobre los cuales se habría realizado el estudio pertinente.
No obstante, el mismo documento indica que, en una respuesta del 3 de noviembre de 2026 a un derecho de petición, la Beneficencia manifestó que no había ofrecido, comunicado ni autorizado predios para este proyecto y remitió la solicitud de información a la Secretaría de Gobierno. Esta diferencia hace necesario precisar a qué terrenos se refiere la ficha técnica y cuál es la participación de cada entidad en la identificación de posibles ubicaciones.
Entre los municipios donde la Beneficencia tendría propiedades se encuentran Facatativá, Fusagasugá, Mosquera, Sibaté y Zipaquirá. Sin embargo, que la entidad tenga inmuebles en esos territorios no significa que estén destinados al proyecto. Hasta el momento, la información consultada no permite confirmar que alguno de estos municipios haya sido seleccionado para albergar el Centro Especial de Reclusión.
¿Qué falta por aclarar?
De acuerdo con la información suministrada por quienes han hecho seguimiento al caso, entre las solicitudes están la publicación de los terrenos evaluados, la aclaración sobre sus propietarios y disponibilidad, y la divulgación de los estudios técnicos que sustentarán la decisión. También se ha planteado la importancia de conocer cómo se involucrará a los municipios y a sus comunidades en el proceso.
Según el comunicado, los estudios sociales con las comunidades comenzarían en junio de 2027, una vez se haya seleccionado el terreno. Este cronograma plantea preguntas sobre las etapas de participación ciudadana y sobre la manera en que los habitantes de los territorios que eventualmente sean considerados podrán conocer los resultados de los análisis y presentar sus observaciones. Por ahora, el proyecto continúa en su fase de estructuración y la ubicación del futuro centro no está confirmada públicamente. La publicación de la información sobre los predios y los criterios de selección será clave para que la ciudadanía pueda conocer el alcance de la iniciativa y hacer seguimiento a las decisiones de las entidades responsables.
Fuente por: Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca.
