Durante el año 2022, Enel Colombia recibió aproximadamente 4.000 denuncias por robo de energía en Bogotá y la región de Cundinamarca. Los municipios donde se registraron la mayoría de los casos fueron Soacha, Zipaquirá, Madrid, Funza y Ubaté.
Enel Colombia informó que, en el transcurso de 2022, se reportaron 4.000 casos de hurto de energía en Bogotá y Cundinamarca. La cantidad de energía robada durante ese año fue de 230 GWh, lo cual equivale al consumo mínimo vital de energía eléctrica de Chía, Zipaquirá y Cajicá durante un año, lo que a su vez se traduce en aproximadamente 145.000 hogares.
En lo que va de 2023, se han reportado alrededor de 1.250 casos en la capital y el departamento. Según la empresa multinacional del sector energético, esta práctica ilegal se ha identificado en propiedades comerciales, industriales y algunas zonas residenciales, utilizando modalidades que van desde la alteración de los medidores hasta la conexión directa a los postes de energía para evadir la medición.
En Bogotá, las pérdidas de cableado, los accidentes por electrocución debido a intentos de hurto de fluido eléctrico y las interrupciones del servicio debido al robo de energía se registran principalmente en localidades como Bosa, Kennedy, Fontibón, Usme, Ciudad Bolívar, Barrios Unidos y Suba.
Por su parte, Cundinamarca registra a Soacha, Zipaquirá, Madrid, Funza, Ubaté, Facatativá, Girardot, Flandes, Silvania y Fusagasugá como los municipios más afectados por este delito. Cabe mencionar que el robo de energía es considerado un delito que acarrea multas que oscilan entre 1,33 y 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, así como penas de prisión establecidas entre 16 y 72 meses, según lo estipula el artículo 256 del Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000.
Ante este grave panorama, Enel Colombia hace un llamado a los habitantes de Bogotá y Cundinamarca para que denuncien este tipo de hechos delictivos que afectan a toda la cadena de usuarios. Las conexiones ilegales desestabilizan el sistema de energía, poniendo en riesgo la seguridad de los clientes, quienes pueden experimentar fluctuaciones en el suministro eléctrico, incendios en sus hogares, daños irreversibles en sus electrodomésticos e incluso un aumento en el valor de la factura.
Además, aquellos que cometen el hurto ponen en riesgo su propia vida e integridad física, ya que al manipular las redes están expuestos a recibir descargas eléctricas y enfrentar sanciones penales que incluyen multas y privación de la libertad, de hasta seis años.
