Fotografía por: Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes.
La deserción escolar y las brechas en la cobertura de educación media marcaron la discusión sobre el alcance del derecho a la educación en Colombia.
La iniciativa busca ampliar la garantía estatal de educación hasta los 17 años. Tras su aprobación en la Comisión Primera, deberá continuar su trámite legislativo antes de convertirse en una reforma constitucional.
La Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de acto legislativo que busca ampliar hasta los 17 años la obligatoriedad de la educación garantizada por el Estado colombiano. La iniciativa pretende reducir las brechas de acceso y permanencia en el sistema educativo, especialmente durante la educación media.
La propuesta fue discutida con ponencia de los representantes Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, y Daniel Felipe Bernal, del Partido Demócrata Colombiano. Según la información publicada por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara el 15 de octubre, la iniciativa recibió el respaldo mayoritario de los integrantes de esta célula legislativa y continuará su trámite en la plenaria de la corporación.
¿Qué cambiaría con la iniciativa?
Actualmente, el artículo 67 de la Constitución Política establece que la educación es obligatoria entre los cinco y los quince años de edad e incluye, como mínimo, un año de preescolar y nueve años de educación básica. El proyecto busca ampliar ese rango hasta los 17 años, con el propósito de extender la garantía estatal a una trayectoria educativa que comprenda también la educación media.
En términos prácticos, la iniciativa busca que llegar a los grados décimo y undécimo no dependa únicamente de las posibilidades económicas de cada familia o de la disponibilidad de oferta educativa en su territorio, sino que forme parte de una garantía más amplia de acceso y permanencia en el sistema.
Sin embargo, la propuesta todavía no es una norma vigente. Al tratarse de un acto legislativo, debe superar ocho debates en el Congreso. Después de la aprobación en la Comisión Primera, el siguiente paso será su discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Deserción escolar: uno de los argumentos del debate
Durante la discusión, el representante Daniel Felipe Bernal señaló que la cobertura de la educación media se mantiene alrededor del 50 % y sostuvo que solo 55 de cada 100 estudiantes llegan al grado undécimo. Estas cifras fueron citadas por el congresista para argumentar que existe una brecha importante entre la finalización de la educación básica y la continuidad hacia los últimos años de colegio.
La información institucional de la Cámara también recoge cuestionamientos sobre los resultados educativos y el desempeño de los estudiantes en evaluaciones nacionales e internacionales. No obstante, las cifras mencionadas durante el debate deben analizarse teniendo en cuenta su fuente, periodo de medición y metodología antes de utilizarlas para describir la situación actual de todo el sistema educativo colombiano.
El problema que plantea la iniciativa es relevante para las familias: la interrupción de los estudios antes de finalizar el bachillerato puede limitar las oportunidades de formación posterior y las posibilidades de acceso al empleo. Por ello, ampliar la garantía educativa supone discutir no solo la edad hasta la que debe extenderse, sino también las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan completar su trayectoria escolar.
Ampliar la garantía educativa exige más que una reforma constitucional
La aprobación en primer debate abre una discusión sobre el alcance del derecho a la educación en Colombia. Extender hasta los 17 años la garantía estatal puede fortalecer el reconocimiento de la educación media como parte de una trayectoria educativa completa. Sin embargo, el cambio constitucional, por sí solo, no garantiza que todos los jóvenes puedan terminar el colegio.
Para que la medida se traduzca en resultados, será necesario examinar la disponibilidad de cupos, docentes e infraestructura, así como las condiciones de transporte escolar, alimentación y permanencia, especialmente en las zonas rurales y en los territorios con menor oferta educativa. Estos factores son fundamentales para que la ampliación de la garantía no se limite a una modificación normativa, sino que pueda materializarse en oportunidades reales para los estudiantes.
El trámite legislativo también será determinante. Los próximos debates permitirán conocer cómo queda formulada la reforma, qué responsabilidades concretas establece para el Estado y qué condiciones se prevén para su implementación.
Por ahora, el avance confirmado es la aprobación en primer debate por parte de la Comisión Primera. El seguimiento debe concentrarse en su discusión en la plenaria de la Cámara, los ajustes que pueda recibir y las decisiones que se adopten durante el resto del procedimiento constitucional.
Fuente por: Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes.
