Fotografía por: Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes.
La iniciativa, liderada por la representante Laura Daniela Beltrán, busca reconocer y proteger a quienes necesitan cuidados y a quienes realizan estas labores, tanto de manera remunerada como no remunerada.
El reconocimiento del cuidado como un derecho fundamental y autónomo avanzó en el Congreso. La Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Acto Legislativo 033 de 2026, que plantea incorporar este derecho a la Constitución Política y establecer responsabilidades compartidas para garantizarlo.
La Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes aprobó el pasado 27 de octubre, en primer debate, el Proyecto de Acto Legislativo 033 de 2026 Cámara, una iniciativa que busca reconocer el derecho fundamental y autónomo al cuidado mediante la incorporación de un nuevo artículo a la Constitución Política.
La propuesta es liderada por la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como ‘Lalis’, del Pacto Histórico, quien también ejerce como coordinadora ponente. Durante la discusión, la congresista explicó que el proyecto busca reconocer una realidad que involucra tanto a las personas que requieren asistencia como a quienes dedican tiempo y trabajo a atender sus necesidades.
La iniciativa plantea que el cuidado sea una responsabilidad compartida entre las familias, la sociedad y el Estado, además de reconocer y proteger las labores remuneradas y no remuneradas que hacen posible la atención de niños, personas mayores, personas con discapacidad y quienes necesitan acompañamiento o asistencia.
Según la información divulgada por la Oficina de Prensa de la Cámara, la ponencia positiva recibió el respaldo de una amplia mayoría de los integrantes de la Comisión Primera, después de que la propuesta de archivo presentada por representantes del Centro Democrático quedara como constancia.
¿Qué derechos busca reconocer el proyecto?
El Proyecto de Acto Legislativo 033 de 2026 propone incorporar el artículo 48A a la Constitución Política para reconocer expresamente el derecho fundamental y autónomo al cuidado.
La propuesta contempla tres dimensiones principales:
- Derecho a recibir cuidados: busca reconocer la protección y asistencia que requieren niños, personas mayores, personas con discapacidad y quienes necesitan apoyo para desarrollar sus actividades cotidianas.
- Derecho a cuidar: plantea reconocer y proteger a las personas que dedican tiempo y trabajo al cuidado de otros, independientemente de que reciban o no una remuneración.
- Derecho al autocuidado: contempla la protección de la propia salud, el bienestar y el proyecto de vida de cada persona.
De acuerdo con las declaraciones de Laura Daniela Beltrán durante el debate, cerca de 16,9 millones de personas en Colombia necesitan cuidado, apoyo o asistencia, cifra que atribuyó a información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La congresista también señaló que las mujeres dedican alrededor de siete horas al cuidado no remunerado.
Estas cifras fueron utilizadas para explicar la dimensión social de las labores de cuidado y la necesidad de reconocerlas dentro del ordenamiento constitucional.
¿Por qué es importante reconocer el trabajo de cuidado?
Las labores de cuidado hacen parte de la vida cotidiana de millones de hogares. Abarcan desde la atención de niños y personas mayores hasta el acompañamiento de personas con discapacidad o con condiciones que requieren asistencia permanente.
Una parte importante de estas actividades se desarrolla dentro de los hogares y no recibe remuneración económica. En muchos casos, además, implica que quienes cuidan reduzcan sus oportunidades de empleo, educación y desarrollo personal.
Por eso, la discusión legislativa plantea la necesidad de reconocer que el cuidado no es únicamente una responsabilidad individual o familiar, sino una actividad con implicaciones sociales que requiere condiciones de protección y corresponsabilidad.
Para los municipios de Cundinamarca, este debate también tiene relevancia por las necesidades de atención de sus comunidades, especialmente en zonas rurales y territorios donde las familias pueden enfrentar mayores dificultades para acceder a servicios de apoyo y asistencia.
El cuidado como responsabilidad compartida
El avance de esta iniciativa abre una discusión sobre cómo debe organizarse la atención de las personas que necesitan cuidados y qué garantías deben recibir quienes asumen estas labores.
Reconocer constitucionalmente el derecho al cuidado permitiría establecer un marco de protección más amplio, pero su materialización dependerá de las responsabilidades que finalmente se definan para las instituciones públicas, las familias y la sociedad.
Uno de los principales retos será traducir ese reconocimiento en medidas concretas: servicios de atención, programas de apoyo, condiciones para las personas cuidadoras y mecanismos que permitan distribuir estas responsabilidades de manera más equilibrada.
También será necesario examinar cómo se financiarían y desarrollarían las políticas públicas relacionadas con este derecho, de modo que su aplicación no dependa exclusivamente de la capacidad económica de cada familia o de la disponibilidad de servicios en su municipio.
El debate permite poner en perspectiva una actividad que sostiene buena parte de la vida social y familiar, pero que históricamente ha tenido un reconocimiento limitado. Su avance constitucional abre la posibilidad de discutir nuevas garantías, aunque todavía será necesario completar el trámite legislativo y definir su alcance definitivo.
Por ahora, el proyecto superó su primer debate en la Comisión Primera y pasó a la plenaria de la Cámara de Representantes. Al tratarse de un acto legislativo, deberá superar ocho debates en el Congreso para convertirse en una reforma constitucional.
Fuentes por: Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes; ficha legislativa del Proyecto de Acto Legislativo 033 de 2026 Cámara.





















